La continuación de la crisis política venezolana sigue acompañada de una incesante campaña mediática que busca instalar en la opinión pública mundial la idea de que el país sudamericano atraviesa un proceso golpista que poco tiene que ver con la realidad. A esta recrudecida guerra propagandística contra el gobierno venezolano elegido democráticamente se ha sumado en las semanas recientes el golpeteo político de la Organización de Estados Americanos –un organismo multilateral presuntamente dedicado a la búsqueda del diálogo– y de los regímenes de derecha y ultraderecha de la región latinoamericana.
Los hechos son que la Constitución venezolana continúa vigente, el presidente sigue en funciones –lo cual, en un régimen presidencialista como el venezolano, hace absurdo hablar de la existencia de un golpe–, todas las garantías se encuentran vigentes, no se ha intervenido la vida interna de ningún partido político y persiste el respeto a la libertad de expresión –usada, paradójicamente, para calificar el régimen de dictadura–. Además, la especie de que el poder legislativo fue "disuelto" no pasa de un absurdo, pues ningún parlamentario ha sido destituido y la asamblea puede retomar sus funciones tan pronto acate una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitida el 5 de enero de 2016.
La versión de un golpe o "autogolpe" de Estado del gobierno del presidente Nicolás Maduro es una lectura desinformada de la decisión adoptada el jueves 30 de marzo por la sala constitucional del TSJ, con la cual este órgano atrajo las facultades de la Asamblea Nacional de Venezuela (ANV, parlamento unicameral), en tanto ésta pone fin a la situación de desacato en la que se encuentra por la juramentación ilegal de tres diputados opositores.
Cabe recordar que el presente episodio de la prolongada confrontación entre la derecha venezolana agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y el gobierno de Maduro tiene su origen en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, cuando la oposición logró arrebatar al chavismo la mayoría parlamentaria. En la calificación de los comicios fueron documentadas cuantiosas irregularidades en el estado de Amazonas, las cuales ameritaron que se anularan las actas de tres diputados de la MUD y se ordenara la reposición de las votaciones correspondientes, pero la oposición decidió usar su mayoría parlamentaria para juramentar a los legisladores, en abierta violación de la legalidad, y por ello fue declarada en desacato por el TSJ.
También es necesario señalar que la resolución por la que el TSJ asume temporalmente las competencias de la asamblea se encuentra fundada en el orden jurídico venezolano y responde a la necesidad de desbloquear la activación del sector petrolero, crucial para enfrentar la grave crisis económica del país.
En suma, es imperante poner fin a la desinformación sistemática que únicamente exacerba un conflicto de por sí delicado, y de cuyo desenlace dependen el bienestar y la paz social para millones de venezolanos. Son éstos quienes deben resolver sus diferencias en el marco de sus propias leyes, mientras los actores externos que deseen coadyuvar deben hacerlo con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y con el único propósito de facilitar la aplicación de las resoluciones adoptadas de manera interna.
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