El texto refiere entre los cambios en el Código Penal, que entrará en vigor el primero de octubre venidero al amparo del Decreto Ley 310, la facultad de imponer al infractor una multa administrativa, siempre que en la comisión del hecho se evidencie escasa peligrosidad social y la sanción por un delito no exceda los tres años o multa de hasta mil cuotas, o ambas.
Aclara que para ello siempre se requerirá la aprobación del Fiscal.
