San Fernando de Tamaulipas es hoy zona de muerte porque en su ruta, drogas, armas y personas se trafican como mercancías, en un lucrativo negocio que se extiende por todo México como la mala hierba.
Muy cerca de ahí, en la terminal de autobuses de la ciudad de Matamoros, justo al lado de la línea divisoria con Estados Unidos, hay 400 maletas abandonadas que esperan ser reclamadas por los viajeros.
Mientras, al menos 350 personas ofrecieron su ADN en busca de familiares desaparecidos cuando transitaban a bordo de las rutas regulares de transporte público de esa región fronteriza, con rumbo al vecino país del norte, según informes del diario mexicano Vanguardia.
Algunas de estas denuncias resultan antiguas, asegura el rotativo, pues datan de febrero, abril y octubre de 2010, aunque hay otras que se remontan a marzo de 2009, sin reportes de haber sido atendidas ni en los lugares de origen, ni en Tamaulipas, en cuyas carreteras ocurrió la desaparición.
Según declaraciones de José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el desempeño de los gobiernos estatal y municipal presenta graves defectos, pues tienen "el común denominador de eludir sus obligaciones alegando que enfrentar a la delincuencia organizada es una facultad federal".
La masacre de 72 emigrantes centro y suramericanos ocurrida en San Fernando, en agosto último, estremeció al mundo; pero los 177 cadáveres, muchos maniatados y con huellas de violencia física, encontrados hasta el 24 de abril en 28 tumbas clandestinas, supera cualquier historia de terror.
San Fernando es el municipio más extenso de ese estado norteño, que está ubicado en el centro-norte de Tamaulipas, en el litoral del Golfo de México, a unos 120 kilómetros de los pasos fronterizos de Reynosa y Matamoros, los cuales se conectan con Estados Unidos sobre el Río Bravo.
Por su territorio transitan emigrantes y personas que viajan a territorio vecino para comprar autos usados y luego regresar a México, utilizando los ómnibus regulares que enlazan a las mencionadas urbes con la capital estatal, Ciudad Victoria, entre otras.
Muchos de estos negociantes transitan con fajos de billetes para pagar a los delincuentes que los conducirán ilegalmente hacia Estados Unidos a través del paso binacional, o para adquirir los vehículos; flujo de pasajeros que aumenta el fin de semana, comenta el periódico Milenio en uno de sus análisis.
De acuerdo con testimonios de varios conductores que circulan por la zona, camionetas sin placas y con vidrios oscuros suelen instalarse en los puntos de retenes ubicados en las carreteras, donde detienen a los autobuses y obligan a bajar a pasajeros elegidos al azar, a los que después asesinan.
Esta situación ha provocado que Tamaulipas sea en la actualidad uno de los estados más peligrosos de México, debido a la intensidad de la violencia del crimen organizado, que condiciona severamente la vida de sus habitantes, atrapados en el fuego de dos grupos rivales: Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Crimen "demasiado" organizado
Algunos analistas ya empiezan a cuestionarse la posibilidad de que Tamaulipas termine convirtiéndose en un estado fallido, como dijo a BBC Mundo, Alberto Islas, experto mexicano en temas de seguridad: "ni el gobierno estatal, ni el federal, tienen el control territorial, ni el de la seguridad".
"El fenómeno de la trata de personas se ha convertido tan lucrativo como el del tráfico de drogas o armas", opina Emilio Álvarez Icaza, consultor en derechos humanos y académico, citado por el Diario de Yucatán.
Pero no pocos se preguntan qué sucede con el rastreo del dinero, cuyo blanqueado ocurre en el sistema bancario controlado por Estados Unidos, país que asegura lo efectivo de seguir esa ruta para encontrar a los delincuentes.
Recientemente la prensa norteamericana anunció que el "prestigioso" banco Wachovia legalizó miles de millones de dólares de los cárteles mexicanos, por lo cual fue multado con 160 millones de dólares, apenas el dos por ciento de las ganancias obtenidas por ese concepto.
En una columna de opinión, el sitio digital Diario.com.mx asevera que es ahí donde los gobiernos de México y Estados Unidos podrían, si realmente quisieran, librar una guerra con poca sangre y mucha efectividad, contra los traficantes de drogas, armas y personas.
"Nuestro frente de guerra preferente debería ser el que se meta en la cárcel a los responsables de los negocios que blanquean dinero. Se trata de un frente con poco olor a pólvora, pero quizás más efectivo", sentenció el articulista.
Y más adelante propone que "una política mexicana digna sería anunciar desde las más altas esferas", que se detengan las operaciones ofensivas, hasta que Estados Unidos haya castigado a los responsables del lavado de dinero y a los suministradores de armas a las bandas criminales mexicanas.
Complicidad de las autoridades
La Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció como alarmante el número de emigrantes que en México es víctima de secuestro, extorsión, tortura, desaparición y homicidio por el crimen organizado, al tiempo que expresó preocupación por los reportes que involucran a autoridades en estos hechos.
Así lo recoge el informe final elaborado por el panel de 14 expertos independientes del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, quienes pidieron a México que redoble sus esfuerzos para realizar las investigaciones y sanciones adecuadas.
El que dictaran detención preventiva para 16 policías en San Fernando por presuntamente apoyar a los ejecutores de las masacres, confirma que las investigaciones transitan por el camino de demostrar que la impunidad de la delincuencia pasa por la tolerancia oficial, e incluso cuenta con su complicidad pagada, opinan analistas.
Una fuerte denuncia de los métodos de tortura, asesinato y reclutamiento de los cárteles mexicanos, y la acusación de complot de autoridades con el crimen organizado, centran el documental El sicario room 164 (Ver vídeo) realizado en 2010 por el periodista estadounidense Charles Bowden y el cineasta italiano Gianfranco Rossi.
"No hay fronteras para el narco: ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en El Salvador. El narco puede comprar todo, paga policías, paga aduanas, paga la emigración. ¿Qué tan difícil es, si mueven y mueven toneladas de drogas, mover a una persona?"
Esta es una de las confesiones que el sicario narra encapuchado frente a la cámara en la habitación número 164 de un motel cuyo nombre no fue revelado, ubicado en un lugar cercano a la frontera de Estados Unidos con México, escenario de hechos criminales en los cuales el testimoniante participó.
¿Cuánto hay de verdad en las confesiones de un "arrepentido" cuyas manos están ensangrentadas?
Esa pregunta es difícil, pero la respuesta quizás yace en algunas de esas fosas comunes, donde permanecen los muertos de nadie hasta un día ser encontrados, o tal vez jamás las osamentas vean la luz del día y los crímenes queden impunes, con sus secretos, en la oscuridad de alguna tumba.
(*) La autora es corresponsal en México de la agencia latinoamericana de noticias Prensa Latina
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