William K. Reilly y Megan Reilly Cayten (*)
La primera plataforma petrolera en aguas profundas de Cuba, la Scarabeo 9, comenzó a perforar el pasado mes 70 millas al sur de Key West, Florida. Funcionarios cubanos creen que el equipo puede hallar tanto como 20 millones de barriles de petróleo. (Los funcionarios estadounidenses sitúan la cifra entre un cuarto y la mitad de esa cantidad). Si los estimados de Cuba se concretan, ello le proporcionaría reservas de petróleo al país hasta prácticamente igualar las de Estados Unidos. El consorcio español Repsol, así como otras empresas internacionales con contratos de arrendamiento en aguas cercanas a La Habana, perforarán a profundidades de hasta 6,000 pies en la búsqueda de la era de independencia energética que persigue el gobierno cubano.
Es vital para los intereses ambientales y económicos de Estados Unidos que Cuba reciba este derecho.
El gobierno cubano está responsabilizado con supervisar una perforación más profunda que la realizada por la plataforma Deepwater Horizon de BP casi tan cerca de las costas de Estados Unidos, pero sin acceso a la mayoría de los recursos, tecnología, equipamiento y conocimientos esenciales para prevenir y, si fuera necesario, responder a derrames. Estamos muy familiarizados con los dos mayores derrames de petróleo en la historia de Estados Unidos, desde el buque petrolero Exxon Valdez en 1989 hasta la posterior explosión de Deepwater Horizon en 2010. En cada caso, contener y remediar el derrame requirió de la movilización de los vastos recursos del gobierno federal, el sector privado y las comunidades locales.
Bajo la mirada de reguladores
El derrame de Deepwater Horizon, a 5,000 metros de la superficie del océano, se produjo bajo la mirada de experimentados reguladores de Estados Unidos, en un pozo perforado por una de las mayores y más experimentadas compañías petroleras del mundo, la cual hacía uso de una de las plataformas de excavación más sofisticadas de la industria a nivel internacional. El esfuerzo de respuesta involucró a más de 5,000 buques a costo de $42,000 millones de dólares, según los estimados de BP. La Asociación Internacional de Contratistas de Perforación Petrolera calcula que Cuba tiene acceso a menos del cinco por ciento de los recursos utilizados en la lucha contra el desastre de Deepwater Horizon.
Es una suerte que una empresa con un buen historial sea la primera en perforar en las costas de Cuba. Repsol se comunica regularmente con los reguladores de Estados Unidos, brindándoles acceso a la Scarabeo 9 cuando estaba anclada en Trinidad Tobago, en camino hacia Cuba. Pero Repsol también se ve obstaculizada por el embargo estadounidense a los negocios con Cuba.
La válvula para prevenir reventones en la Scarabeo 9, por ejemplo, fue construida en Estados Unidos -constituye el 10 por ciento de material estadounidense en la plataforma de acuerdo a lo permitido por la ley. Sin embargo, la compañía que la fabricó no la pondrá en marcha ni realizará su mantenimiento, ni tampoco va a suministrar piezas de repuesto para el equipo, ya que no tiene licencia para operar en Cuba. Se espera que los ingenieros cubanos sean tan ingeniosos para mantener en forma el equipo contra reventones de la misma manera que han hecho con los viejos autos americanos.
Un desafío enorme
Los reguladores cubanos se preparan para el desafío que tienen por delante. Ellos han buscado la orientación de sus homólogos de Noruega sobre la aplicación de un régimen de regulación conocido como caso de seguridad, donde los riesgos son rigurosamente identificados y tenidos en cuenta en los protocolos de fresado, y además se han enviado ingenieros a Brasil para aprender sobre la industria petrolera en aguas profundas. Ellos también estudiaron en detalle las conclusiones de la comisión de Deepwater Horizon y su informe técnico complementario, y que han preparado las respuestas de acción para cada una de las principales recomendaciones del informe, como comprobamos junto a estos funcionarios en una visita realizada en septiembre.
Pero esos reguladores se ven gravemente obstaculizados por el embargo. Ellos no pueden participar en un diálogo o compartir experiencias con sus homólogos de Estados Unidos. Sus ingenieros pueden ser entrenados por las empresas internacionales, pero no puede asistir a la capacitación en Estados Unidos o ser certificados por cualquier entidad estadounidense. El gobierno cubano y Repsol han manifestado su intención de cumplir con las normas de Estados Unidos al máximo de sus capacidades, a pesar de que el gobierno cubano no puede tener contacto directo con nuestros reguladores para aprender más sobre esas normas.
El gobierno de Estados Unidos puede -y debe- poner a disposición los recursos que las organizaciones involucradas con la Scarabeo 9 necesitan para hacer bien su trabajo. También debe estar preparado, si algo sale mal, para proteger de un posible desastre las aguas y playas de la Florida y el sureste de Estados Unidos. En el caso de una emergencia, el gobierno de Estados Unidos probablemente lo haría. Sin embargo, la ayuda podría llegar demasiado tarde.
El sector privado necesita un tiempo considerable para preparar una respuesta eficaz. Los ingenieros necesitan entender el funcionamiento de la plataforma, las características y el medio ambiente marino. Las empresas tienen que preparar detallados planes de contingencia y asignar el equipo adecuado. El único tapón de pila que tiene licencia para emplearse en Cuba en el caso de un salidero en el suelo marino, por ejemplo, se encuentra en Escocia, a la distancia de una semana de viaje, y la tripulación no tiene la debida licencia. Algunos recursos pueden incluso no estar disponibles si la conmvocatoria se produce en en el último minuto.
Un paso no es suficiente
Los departamentos de Comercio y del Tesoro han implementado algunas licencias para proveedores de respuesta frente a derrames y están considerando otras. Se trata de un paso bienvenido, pero no es suficiente. El proceso de solicitud y la amenaza de cuantiosas multas disuade a muchas empresas de plantearse incluso la posibilidad de participación. El sector privado necesita una señal clara del poder ejecutivo para seguir adelante.
Existen precedentes de comunicación sobre intereses comunes entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. El Servicio de Guardacostas mantuvo a La Habana informada sobre los acontecimientos del derrame de Deepwater Horizon, en momentos en que algunos temieron que el salidero de petróleo podría contaminar las aguas cubanas. Los funcionarios cubanos y estadounidenses han intercambiado información sobre intercepción de drogas, inmigración y asuntos climáticos, y Estados Unidos exporta anualmente granos y suministros médicos a Cuba. Todo esto se ha producido sin un cambio oficial en la política de embargo, impuesta en 1962. El gobierno de Obama tiene la autoridad -ahora, sin un cambio de ley o reglamento- para proporcionar una licencia general para todas las empresas estadounidenses calificadas que manifiesten su interés en ayudar a prevenir y responder a un derrame de petróleo cubano.
Este es un tema complicado, que muchos funcionarios podrían querer evitar en un año electoral. Algunos han propuesto restringir aún más el acceso a la tecnología estadounidense por parte de empresas que trabajan con Cuba, esperanzados tal vez en que esto podría impedir a los cubanos el acceso a su petróleo. Es, sin embargo, el momento para encarar la realidad. Proporcionar a Repsol y a los reguladores cubanos el acceso a los recursos para la prevención y respuesta ante derrames no impulsará el desarrollo del petróleo y la industria del gas en Cuba. Eso ya está en marcha. Lo que hará es ayudar a proteger a Key West. Es profundamente en el interés de Estados Unidos que debemos actuar de la forma correcta.
(*) Los autores de Why the U.S. should work with Cuba on oll drilling (título del original en inglés aparecido el pasado en la sección de Opinión del diario The Washington Post) son personalidades de primer nivel en asuntos energéticos y petroleros en la región. William K. Reilly fungió como copresidente de la Comisión Nacional sobre Perforación y Derrame de la Plataforma Deepwater Hosizon de BP. Durante la administración de George H. W. Bush (1989-1993) fue administrador de la Agencia de Protección Medioambiental. Por su parte, Megan Reilly Cayten es una reconocida experta en temas de energía, con larga experiencia en América Latina y Asia.
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| Si es de su interés acceder a la versión original en inglés, en la sección de Opinión del diario The Washington Post, pinche aquí. |
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