EEUU cierra investigación sobre torturas de la CIA. Increíblemente, ¡no hay culpables!

La investigación lanzada en 2008 sobre el programa de la CIA para la detención e interrogatorio de militantes detenidos en el marco de la cruzada internacional de Washington contra el “terrorismo” ha sido cerrada sin que hasta hoy se haya puesto sobre la mesa ni un solo cargo criminal contra ninguno de los implicados, informa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Con el cierre de la investigación de dos muertes en Afganistán e Irak, la justicia pone fin a su examen del trato que recibieron 101 detenidos bajo custodia de Estados Unidos, contra los cuales los interrogadores llegaron incluso a utilizar técnicas como el waterboarding, conocido también como ahogamiento simulado, un acto considerado por el Derecho Internacional como un método de tortura.
El encargado de ordenar la suspensión fue el fiscal general estadounidense, Eric Holder, viejo camaján con tejado de vidrio contra quien pesa una orden de desacato aprobada en junio último por las Cámara de Representantes por obstruir la justicia, al negarse a entregar documentos sobre la fallida operación Rápido y Furioso de trasiego ilegal de armas a México en 2009, alijo que fue a dar a manos de bandas de narcotraficantes.
Pues bien, este mismo individuo, tan fresco como una lechuga al amanecer, ha dicho que la investigación contra supuestos actos terroristas “se ha limitado a determinar si los crímenes fueron cometidos y no resuelve otras cuestiones relacionadas con las conductas examinadas”.
Aunque el Departamento de Justicia nunca desveló los nombres de los fallecidos, diversas informaciones indican que se trata de Gul Rahman y Manadel al-Jamadi.
Gul Rahman murió en noviembre de 2002 en una prisión de la CIA en Afganistán conocida como Salt Pit después de permanecer encadenado a una pared. Manadel al-Jamadi murió en 2003 en la prisión de Abu Ghraib, de Irak, y un examen militar post-mortem afirmó que se trató de un homicidio.
En un comunicado Holder afirmó que el Departamento de Justicia no presentó cargos contra los implicados porque la evidencia no sería suficiente para obtener y sostener una condena “más allá de la duda razonable”.
Otro de los que se baña en las mismas aguas, el director de la CIA, David Petraeus, envió un mensaje a los empleados de la agencia para anunciar el cierre del caso y para agradecerles su cooperación en la investigación.
La Agencia Central de Inteligencia estadounidense ha celebrado la decisión, ya que desde el inicio ha sostenido que el programa, que se inició tras los ataques del 11 de septiembre contra Washington y Nueva York, se implementó bajo las normas comunicadas por abogados del Gobierno del expresidente George W. Bush, el hombre cuyo nombre debía encabezar la larga lista de acusados junto al resto de los halcones: Rumsfeld, Cheney, Rice...
Activistas pro derechos humanos, sin embargo, han criticado la decisión. “El anuncio de Holder es decepcionante. Está bien documentado que las torturas y los abusos fueron generalizados y sistemáticos tras el 11-S. Los casos merecían ser tomados más en serio”, ha dicho Melina Milazzo, miembro de Human Rights First.
En un principio, la investigación contemplaba la presunta destrucción de cintas de vídeos sobre dos interrogatorios llevados a cabo por el personal de la CIA.
La investigación sobre las cintas fue cerrada en 2010 sin que se presentaran cargos. En junio de 2011, el Departamento de Justicia anunció que solo dos de las 101 detenciones e interrogaciones serían revisadas y expandidas a una investigación criminal a toda regla. Sin embargo, ambas se han cerrado sin ningún acusado.
Otro capítulo más que se suma a la larga saga de incongruencias y absurdos del sistema judicial de una nación que se autoproclama paladín de los derechos del hombre y las libertades individuales a pesar del pisoteo constante de tales prerrogativas ante los ojos del mundo.