La Declaración denuncia ante la comunidad internacional y los diferentes organismos internacionales y multilaterales "la flagrante violación de los Tratados Internacionales que rigen la convivencia pacífica, solidaridad y cooperación entre nuestros Estados".
Firmada por los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Argentina, Cristina Fernández; Uruguay, José Mujica; Venezuela, Nicolás Maduro; Ecuador, Rafael Correa; y Suriname, Desiré Bouterse, la declaración condena "el atropello y las prácticas neocoloniales que aún subsisten en nuestro planeta en pleno siglo XXI".
También resalta "la falta de transparencia sobre las motivaciones de las decisiones políticas que impidieron el tránsito aéreo de la nave presidencial boliviana y su presidente".
Al mismo tiempo, denuncia "el agravio sufrido por el presidente Evo Morales, que ofende no solamente al pueblo boliviano, sino a todas nuestras naciones".
Tambien condena "las prácticas ilegales de espionaje que ponen en riesgo los derechos ciudadanos y la convivencia amistosa entre las naciones".
Por otra parte, el documento declara "que la inaceptable restricción a la libertad del presidente Evo Morales, convirtiéndolo virtualmente en un rehén, constituye una violación de derechos no solo al pueblo boliviano, sino a todos los países y pueblos de Latinoamérica y sienta un peligroso precedente...".
En otro de sus acápites, el texto rechaza "las actuaciones claramente violatorias de normas y principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado, en tanto exige a los gobiernos de los países mencionados explicar las razones de su decisión.
Asimismo, la declaración respalda la denuncia presentada por Bolivia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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