David Brooks
Dejen de vigilarnos fue la consigna de miles de estadunidenses que se manifestaron el sábado en Washington, así como el mensaje de los últimos días desde Alemania, Brasil, Francia y México. El gobierno secreto está bajo la mirada de todos y ante ello se revelan los peligros de esa parte del poder que opera en las sombras.
Desde que Edward Snowden se atrevió a divulgar y comprobar la existencia de un aparato masivo de espionaje estadunidense sobre los pueblos y gobernantes del mundo, a través de la ejemplar valentía de los periodistas Glenn Greenwald y Laura Poitras (entre otros) y del diario The Guardian (y después, unos cuantos medios más), parte del disfraz democrático de Washington se ha deshilado y deja ver detrás de la máscara.
Resulta que el gobierno de Barack Obama, que pronunció desde sus inicios que sería el más transparente de la historia, tiene mucho que ocultar no sólo a sus enemigos, sino a los que dice que son aliados y socios –entre ellos, México– y de su propio pueblo.
Si ves algo, di algo, ha sido el lema desde el 11 de septiembre: o sea, todos son sospechosos. De repente, lo más sagrado en la retórica oficial de este país –los derechos y libertades del individuo ante el Estado, que el poder del gobierno se ejerce con autorización de los gobernados– se subordinó ante una amenaza que se caracterizó como constante, brutal y permanente. Se olvidaron los consejos de los padres fundadores, como el de Benjamin Franklin: Los que son capaces de ceder la libertad esencial para obtener un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad.
En nombre de la seguridad nacional se lanzaron las guerras más largas de la historia del país, se amplió un aparato de seguridad interna y se desarrollaron programas de espionaje y operaciones secretas a escala mundial, tal vez sin precedente. El siempre existente gobierno secreto se volvió en un gobierno súpersecreto, con vastos programas de asesinato selectivo, secuestros clandestinos y, como ahora se sabe, una vigilancia masiva de tales proporciones que esta columna posiblemente será vista por algún espía antes de ser revisada por el equipo editorial de este periódico.
El gobierno de Obama, y políticos de ambos partidos que justifican y defienden el espionaje masivo, no se cansan de repetir que estos programas son vitales para la lucha antiterrorista. Por ejemplo, en las últimas semanas el gobierno ha repetido que estos programas han descarrilado o anulado 54 complots terroristas. Sin embargo, un reportaje de ProPublica, agrupación de periodistas de investigación, concluye que no se ha presentado evidencia para comprobar la afirmación y, de hecho, los mismos funcionarios han admitido que no es precisa, a pesar de difundirla de manera constante. Esto se repite en otros rubros de lo que se está revelando.
Cuando se le pidió comprobar su afirmación de que todos los programas son legales por autorización judicial y supervisados por el Congreso, el gobierno argumentó inicialmente que no podía ofrecer pruebas de la autorización judicial porque los fallos también son secretos. Más aún, legisladores se han quejado de que no es posible que supervisen operaciones secretas, ya que no cuentan con los detalles.
Más recientemente, el gobierno ha insistido en que sus programas de inteligencia no son nada diferentes de lo que hacen todos los países. Sin embargo, aún no se sabe de programas de vigilancia masiva de la población estadunidense, ni de su cúpula política, por países como Alemania, Brasil, Francia o México.
A la vez, en estos días ha sido muy difícil para el gobierno justificar su espionaje a las cúpulas políticas de países aliados como parte de un esfuerzo antiterrorista (¿o será que Merkel, Rousseff, Hollande y Peña Nieto son sospechosos de algo que sólo la NSA sabe?)
Como afirma Greenwald en su columna en The Guardian, ¿hay alguna duda de que el gobierno estadunidense repetidamente intentó engañar al mundo al insistir en que este sistema de vigilancia sin sospecha fue motivado por un intento de proteger a los estadunidenses de Los Terroristas? Nuestros reportajes han revelado espionaje sobre conferencias para negociar acuerdos económicos, sobre la Organización de Estados Americanos, empresas petroleras, secretarías que supervisan minas y recursos energéticos, los líderes democráticamente electos de estados aliados y poblaciones enteras en esos estados. ¿El propio presidente Obama y sus simpatizantes más leales pueden mantener, con expresión seria, que se trata de Terrorismo?
Mientras tanto, este gobierno ha criminalizado la difusión de información a través de los medios, e insiste en que hacerlo será considerado algo equivalente a la traición. Las autoridades han perseguido a por lo menos siete filtradores de información oficial clasificada a la prensa según la viejísima Ley de Espionaje, de 1917, el doble del número de casos que el total de todos los gobiernos anteriores.
Pero además ha espiado y perseguido a periodistas. Hace una semana el Comité de Protección de Periodistas emitió su primer informe sobre la libertad de prensa en Estados Unidos y condenó las políticas de control de información de Obama. El autor del informe, Leonard Downie Jr, ex editor ejecutivo del Washington Post, afirmó: “la guerra de la administración Obama contra las filtraciones y otras iniciativas para controlar la información son las más agresivas que he verificado desde la administración del presidente Richard Nixon, cuando yo era uno de los editores involucrados en las investigaciones del Washington Post sobre el caso Watergate”.
Pero cada día, poco a poco, las cosas se revierten y los espías ahora se encuentran en el lugar donde menos desean vivir: bajo la mirada de aquellos a los que antes observaban. (Tomado de La Jornada)
No hay comentarios:
Publicar un comentario