“Esta es una ley equivocada que envía un mensaje distorsionado para la libertad académica en Florida (…) Es un triste momento para la actividad académica”, aseveró el jurista Randall C. Marshall, representante legal de la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU).
A su juicio, la normativa restringirá el uso del capital público y también las contribuciones que tradicionalmente otorgan fundaciones y organizaciones privadas para la labor de las universidades de ese estado, hogar de los principales grupos que planean y ejecutan acciones terroristas contra Cuba.
