En el momento que escribo solo faltan horas para que el golpe de Estado parlamentario-judicial-mediático en Brasil se haya consumado al estilo hondureño o paraguayo. No importa que la mayoría de los intelectuales, artistas y movimientos sociales se hayan manifestado en contra durante semanas, que ninguna personalidad prestigiosa en Brasil, o en el mundo, lo haya apoyado.
La mayoría del Senado de Brasil aprobaría esta madrugada, pese a carecer de fundamento jurídico, el juicio político, o impeachment, contra la presidenta Dilma Rousseff. Ella, conviene insistir, no ha cometido “delito de responsabilidad”, requisito fijado por la Constitución para abrir el juicio político. El procedimiento es tan obvia y escandalosamente grotesco que hasta la fétida OEA y su pendular Comisión Interamericana de Derechos Humanos han puesto reparos.
