Han pasado ciento y pico de días y aunque eso es un tiempo demasiado corto para frenar de un tirón el aumento de parados, sí es suficiente para que el Gobierno español hubiera empezado a hacer, y a cumplir, ciertas iniciativas urgentes prometidas por mari-Ano Rajoy antes y durante su campaña electoral.
No es así.
Y poco a poco, o mucho a mucho, va apareciendo la verdadera estrategia escondida del Partido Popular. La única cierta.
Todavía recuerdo que cuando el líder de la derecha pronunciaba un discurso insistía en que -con Zapatero pensando en los marañones de la estancia- cuando él llegara al poder las cosas se modificarían para el bien de todos los españoles. En cien días, nada. O mejor dicho, mucho: estamos ante el abismo o el rescate.
Pero... a los empresarios todo lo que piden e incluso más de lo que se atrevían a pedirle a Zapatero, con la "santísima" intención de que una vez que esos señorones se encuentren sabrosos, libres de toda atadura legal o sindical, en su salsa, tengan la "bondad" de contratar trabajadores.
Esta es la filosofía que caracteriza a una reforma fiscal que permite bajar salarios y despedir sin indemnización a los nuevos operarios al finalizar el período de prueba. Sin más: tú a la puta calle y... ¡que te den!
Por si fuera poco, mari-Ano le da la absolución a los defraudadores aunque les aplica un diezmo como penitencia por haber engañado a Hacienda, a la Nación.
De tal absolución se beneficiará hasta el inefable Iñaki, el Urdangarín, yerno del Rey, quien en unos pocos años tiene más millones de euros que de espermatozoides y ha demostrado pasarse por la verija a la Casa Real con toda su parentela dentro.
En este momento, don mari-Ano, solo provoca hilaridad o irritación, según y cómo, en el conjunto de la Unión Europea.
Para desgracia de este pueblo, ahora mismo la debilidad de España es peor que nunca desde la transición. Y mientras tanto, él, mari-Ano, y sus secuaces, reiteran lo de siempre: ¡La culpa es de Zapatero!
Con ésa filosofía hemos llegado a la amnistía fiscal promulgada por el Gobierno el pasado Viernes de Dolores, la que, a diferencia de la amnistía penal, no está prohibida por la Constitución.
¿Cómo calificar tal medida...? ¿Inmoral?
Sí señor, inmoral, y si me equivoco que baje Dios y me explique si no es inmoral premiar el delito sobre el estricto cumplimiento de la ley, lo que a mi modo de ver demuestra la incapacidad del Gobierno para hacer cumplir la legalidad en este país.
Pero como siempre hay derecho al error, en caso de que yo me equivoque y mari-Ano consiga adueñarse "legalmente" de los 25 mil millones de euros que pretende con esta medida, de los cuales el Tesoro solo recibiría 2 mil 500, pasarían dos cosas:
Una: ¿A dónde iría a parar la diferencia? ¿A la iglesia? ¿A la Banca? ¿A los empresarios...? Me pregunto en cuales bolsillos irá a caer el resto del guaniquiqui.
Dos: El tema no quedaría ahí porque si los buitres ven que la medida da buen resultado al Gobierno, seguirán robando a mansalva en espera de la próxima amnistía. La medida tendrá un poderoso efecto llamada, rebote, boomerang o como se llame.
El empresario español defrauda por deporte, más de una vez he oído a algún asesor decirle a un empresario, o a una empresaria, que lo importante -con Hacienda- es mantenerse en el borde de la ilegalidad; es decir que están cujeaos en el arte de los procedimientos para defraudar y eludir impuestos.
Quizás lo hagan por el mero placer de lo prohibido, o por el imperativo de ése contrabandista que llevan dentro, pero mírese como se mire éso se llama corrupción aquí y en la Polinesia.
Y el Gobierno que lo permita, lo justifique y lo estimule es doblemente corrupto.
Con todo y siendo justo también hay que decir que en tiempos de Zapatero se llegó a cavilar sobre la posibilidad de aplicar una medida similar y el Partido Popular acaballó al Gobierno calificándola de “menuda ocurrencia” que lo dijo mari-Ano, y de “inmoralidad” que lo dijo la Cospedal.
Cierto es además que una medida similar sí la decidió el primer Gobierno de Felipe González por sugerencia de Miguel Boyer, quien era ministro de Economía, lo que costó la dimisión del secretario de Hacienda José Sevilla y otros culipandeos internos.
Pero hoy el Partido Popular no se anda con chiquiticas: defiende y protege a los delincuentes fiscales mientras despide a María Purísima sin pagar lo que tiene que pagar. A los datos objetivos me remito.
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