Con la acción encubierta, la Agencia para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), además de violar la soberanía de otro país, incurrió en la aventura de liberar armamento de alto calibre hacia el sur de la frontera y dotar de armas a los narcotraficantes mexicanos para, a pesar del peligro que ello entrañaba, detectarlos y detener a sus poseedores, un propósito que suena hasta infantil.
Como era de esperar (no se sabe aún si por negligencia o ex profeso, pues quienes pueden desde EEUU arrojar luz sobre el asunto no quieren colaborar), los encargados de la operación ilegal le perdieron la pista a todo el arsenal traficado (de qué hablamos, pues de ametralladora de alto poder, fusiles de asalto, bazucas e incluso granadas de fragmentación), lo cual quiere decir que esas propias armas están siendo utilizadas en las disputas que sostienen los principales cárteles de las drogas por el sostenimiento de sus zonas de influencia, con el consiguiente incremento en espiral de la violencia y los asesinatos en los estados norteños de México.
Entre las figuras que los políticos mexicanos exigen castigar aparece como cabeza más visible la del Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, a quien acusan de haber organizado, de forma inconsulta, una operación que lesionó la soberanía del país azteca.
Las reacciones airadas se dispararon luego que trascendiera la noticia de que el secretario de Justicia de la nación del Norte se negara ante senadores de su país a renunciar al cargo, no obstante las críticas a que ha sido sometido por el fallido golpe contra el narcotráfico, además de que el Congreso podría acusarlo por desacato al negarse a colaborar en las investigaciones.
Para el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Jiménez Macías, sería un hecho ejemplar que Holder fuera removido de su cargo, puesto que eso se correspondería con lo que Estados Unidos dice en el sentido de que es respetuoso de la soberanía de México.
“Yo creo que repercutiría para bien (...) porque eso mostraría que en Estados Unidos están dispuestos a castigar a quienes incurren en este tipo de situaciones y son cuestiones que afectan mucho la relación entre (...) México y Estados Unidos”, dijo Macías.
Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana González, consideró que lo triste y lamentable es que (a tres años del hecho) aún no haya castigo para los responsables de esa operación.
En marzo de 2011, el presidente Barack Obama llegó incluso a prometer ante las cámaras de TV la apertura de un proceso investigativo, sin embargo los resultados de esa otra promesa es palabra que el viento se llevó.
“Lo que lamentamos es que no solamente haya aparentemente este desacato, sino que tampoco hay sanción, el siguiente paso es que de no haber un culpable en la Unión Americana, nosotros estaremos pidiendo que haya justicia, nosotros estaremos pidiendo que haya extradición de quienes sean señalados responsables, sea quien sea”, dijo la también titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.
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