El sumario del escándalo, en el que se investiga la malversación de unos 6 millones de la Generalitat valenciana destinados a los pobres con la posible colaboración de la Consejería de Solidaridad, también revela una conversación grabada por la Policía donde un cargo del Gobierno valenciano imputado, Marc Linares, le cuenta a Izquierdo los pasos que debe seguir para lograr hacerse con los fondos públicos.
Con el dinero que iba destinado a los pobres, Izquierdo y sus cómplices se dieron varios lujos, entre los cuales figuran la compra de dos apartamentos en Miami, un yate y hasta una avioneta.
Un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional concluye que “podría apreciarse un presunto trato de favor por parte de Marc hacia los intereses del proyecto de Izquierdo”, “con el fin” de que su fundación obtuviese “la máxima puntuación en la convocatoria de las subvenciones”.
La Fundación que preside Izquierdo, que ha contado con Ana Botella -la esposa de Aznar- como vicepresidenta, ya fue investigada por supuesta malversación.
El juzgado número 21 de Valencia investiga a esta red por delitos de fraude en las subvenciones de la Generalitat valenciana, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos y blanqueo de capitales.
Por este mismo escándalo permanece en prisión desde febrero el empresario Augusto César Tauroni, mientras otras 21 personas han sido imputadas, entre ellos seis funcionarios de la Consejería de Solidaridad valenciana, que concedía las ayudas. Según la investigación, la trama se desarrolló con Rafael Blasco de consejero. Blasco es en la actualidad el portavoz del gobernante Partido Popular en las Cortes valencianas.
CIPIE ha recibido en los últimos años más de cuatro millones de euros en ayuda al desarrollo, casi uno de ellos íntegro supuestamente “para Bolivia”.
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