A pesar de las recientes denuncias de Cuba y de los constantes tropiezos por hacer valedero su afán, el Congreso norteamericano asigna con regularidad fondos millonarios de respaldo a los llamados programas de promoción de la democracia en la Isla. Una buena parte de ese abundante dinero lo administra la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la misma que mediante contrato con una subsidiaria asentada en Maryland, la Development Alternatives Inc. (DAI) embarcó en Cuba al ciudadano Alan Philip Gross en un programa que, bajo la fachada de brindar acceso a internet a la pequeña comunidad judía en Cuba, estaba dirigido a crear redes de comunicaciones satelitales de última generación con fines de inteligencia y subversión.
A través de una declaración de la cancillería, el pasado 1 de noviembre Cuba denunció que son diplomáticos norteamericanos quienes administran estos programas desde la Sección de Intereses en La Habana, como parte de una estrategia de “cambio de régimen, y que “la Sección de Intereses ha continuado sus actividades ilegales que no tienen nada que ver con las funciones de una misión diplomática”.
Agregó que funcionarios norteamericanos entrenan, financian y entregan suministros a individuos “en flagrante violación de la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas, de las leyes cubanas y del propio acuerdo que llevó al establecimiento de la sección de Intereses de EE.UU.”
Hace poco menos de un año, el 27 de diciembre de 2011, el diario Miami Herald publicó un artículo del asesor principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Fulton Armstrong, sobre el carácter de los programas del Gobierno de Estados Unidos para promover un “cambio de régimen” en Cuba. Con velada ironía Armstrong afirma que aunque estos programas no involucran a la comunidad de inteligencia estadounidense, “el secretismo que los rodea, su utilización de técnicas clandestinas como las tecnologías avanzadas de encriptación y el ocultamiento deliberado de la mano del Gobierno de Estados Unidos, sí tienen las características de una operación encubierta de inteligencia".
A pesar de ello, la directiva de la USAID se cae de nalgas diciendo que su propósito es dar a cubanos las herramientas para “determinar libremente su futuro” e incrementar el flujo de información “hacia, desde y dentro de la Isla”.
Para peor crédito de la USAID, Fulton dijo en su artículo que "los programas de Cuba, diseñados para identificar, organizar, capacitar y movilizar a los cubanos para que exijan cambios políticos en su país, tienen un record especialmente problemático, incluyendo malversación, mala gestión y la politización sistémica”.
Sin embargo, sus revelaciones no eran nada nuevas. En todo caso una ratificación de la postura del presidente del mencionado Comité de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry (demócrata por Massachusets), quien meses antes, el 1 de abril de 2011, había anunciado su oposición al presupuesto de 20 millones de dólares solicitado con esos fines por la administración Obama para el año fiscal 2012.
Kerry precisó entonces que antes de comprometer ese dinero para promover la “democracia” en Cuba había que realizar “una revisión completa de los programas”, y solicitó a la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO), un estudio sobre las bases legales y la eficacia de dichos programas, porque NO había evidencias de que los “programas de promoción de la democracia”, que hasta ese momento costeara el contribuyente estadounidense con más de 150 millones, ayudaran al pueblo cubano.
La historia es harto conocida. La rebatiña de los grupúsculos mercenarios por llevarse la tajada más suculenta de cada partida es evidente y notoria. Y tal desatino, por más que les duela, no pasa desapercibido a los ojos de políticos con una visión menos cavernícola que los de la ultraderecha, tipos cuyo pulgar apuntaría abajo en señal de asentimiento para dar la arrancada a los famosos tres días de licencia para matar en llegado el momento que sólo cabe en sus mentes calenturientas.
Aunque se filtran detalles, la USAID no publica todos los pormenores de sus programas para Cuba, pretextando para ello la necesidad de proteger a empleados, contratistas y receptores de ayuda.
Entre los más recientes, publicados por el blog Along The Malecón, el periodista Tracey Eaton devela y nos actualiza, según estados de cuenta fechados en noviembre, sobre quiénes son los actuales asociados de la agencia para Cuba. A continuación, el listado y el monto de las subvenciones:
- Fundación para los Derechos Humanos en Cuba: $ 3,4 millones de Sept. 2011 a Sept. 2014.
- Grupo de Apoyo a la Democracia: $ 3 millones de Sept. 2012 a Sept. 2015.
- Ayuda y Desarrollo Internacional: $ 3,5 millones de Sept. 2011 a Sept. 2014.
- Instituto Internacional Republicano: $ 3 millones de Sept. 2012 a Sept. 2015.
- Universidad Loyola: $ 3 millones de Sept. 2010 a Sept. 2013.
- Instituto Nacional Demócrata: $ 2,3 millones de Sept. 2011 a Sept. 2014.
- Fundación Panamericana de Desarrollo: $ 3,9 millones de Sept. 2011 a Sept. 2014.
- Fundación Nuevo Estados Unidos: $ 4,3 millones de Sept. 2012 a Sept. 2015.
Fiel a su compromiso de defender la obra levantada por el pueblo y su Revolución, la dirección del país ha prometido seguir luchando contra los programas financiados por el gobierno norteamericano, vengan de la SINA o de otro lugar.
“Cuba no cederá ante la interferencia”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en la declaración del 1 de noviembre, “y usará todos los medios legales a su disposición para defender su soberanía conquistada en duras luchas, y garantizará que se respeten al pueblo cubano y las leyes del país”.
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