En su IV periodo de sesiones de la VIII Legislatura, el máximo órgano legislativo analizó los montos financieros que aseguran la vitalidad de los principales programas económicos y sociales del país, y los necesarios ingresos, que en ambos casos requerirán trabajar con eficiencia, austeridad, organización, y mayor control y fiscalización.
De los 55 mil 854 millones de pesos previstos para gastos corrientes, a la Salud Pública y a la Educación se les asigna el 29 y 24 por ciento del presupuesto, respectivamente, como expresión de la voluntad del Estado por preservar las conquistas en estos sectores.
Aunque varios diputados propusieron analizar la desagregación del presupuesto y el plan de la economía para el 2015 con los colectivos obreros, se consideró que por formar parte de la metodología establecida no era necesario recoger tal proceso político en el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Económicos, otro documento aprobado hoy.
Se prevé respaldar los gastos de capital, fundamentalmente inversiones materiales para el sector presupuestado y obras de infraestructura, así como programas relacionados con la higienización y el mantenimiento constructivo.
La diputada Lina Pedraza, ministra de Finanzas y Precios, al presentar el proyecto de Ley del Presupuesto del 2015 dijo que los ingresos se espera crezcan en seis por ciento y los gastos en 10 por ciento, lo cual originará un déficit fiscal de cinco mil 563 millones 400 mil pesos, que representa el 6,2 por ciento del Producto Interno Bruto, a precios corrientes.
Están incluidos los recursos financieros destinados al otorgamiento de subsidios a personas para emprender acciones constructivas en sus viviendas, a enfrentar gradualmente el envejecimiento poblacional, la incorporación de graduados y la continuidad de la política salarial, aprobada al sector de la Salud Pública e iniciada en mayo del presente año.
Se planifican ingresos netos por 48 mil 991 millones de pesos, con un gran peso en los provenientes del sistema tributario, como fuente fundamental para el Presupuesto del Estado; de ahí la importancia de insistir en la cultura ciudadana de cumplir con este deber social.
Pedraza destacó la necesidad del riguroso control de los planes de circulación mercantil minorista de las empresas de Comercio y Gastronomía, de los inventarios, de los depósitos bancarios por las ventas, todo lo cual quiere decir que la fiscalización en la base tiene cada vez una mayor relevancia y está asociada a los recursos de que podrá disponer cada municipio. (AIN)
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