Este miércoles 10 de Diciembre se celebran 66 años desde que la Asamblea de la Naciones Unidas firmara la Declaración de los Derechos Humanos, documento enfilado a la protección de las libertades, garantías y respeto por el individuo, temas que más de seis décadas y media después siguen siendo un asunto pendiente y de máxima gravedad social, incluso en aquellos países que se hacen llamar “desarrollados”.
Pongamos por caso a Estados Unidos, el autotitulado paladín defensor de este sagrado derecho ciudadano, el mismo que acusa a Cuba de violar tales privilegios y hasta la incluye a dedo en una lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo, es una nación actualmente estremecida por conmociones sociales derivadas del abuso policial contra afrodescendientes y latinos que han dado al traste incluso con la vida de varios jóvenes.
Pero el asunto no va sólo contra Cuba. El Senado de la nación del Norte aprobó un proyecto de ley para sancionar a
funcionarios venezolanos por presunta violación a los Derechos Humanos,
mientras Washington llama héroes y defiende a los que meses atrás instigaron a desconocer la democracia legalmente constituida en la Patria de Bolívar y
generaron una situación de caos y violencia que dejo 43 muertos en todo el país.
Por si fuera poco, este martes ha estallado a escala nacional en la Unión, y también allende sus fronteras, un escándalo de proporciones mayúsculas luego que un Comité senatorial estadounidense publicara, a instancias de fuertes presiones internas y externas, un informe sobre las brutales prácticas de tortura aplicadas entre 2001 y 2009 a presuntos terroristas.
Según el documento desclasificado, naciones como Lituania, Polonia, Rumanía, Afganistán, Tailandia y el territorio ilegalmente ocupado a Cuba en Guantánamo fueron los sitios donde la Agencia Central de Inteligencia (CIA) aplicó torturas a los detenidos acusados de terrorismo al amparo de la cruzada global ordenada por el entonces presidente George W. Bush luego de la truculenta historia del atentado contra las Twin Tower del World Trade Center en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.
El informe recoge los nombres de las 119 personas que estuvieron ilegalmente en prisiones secretas y que fueron sometidas a crueles interrogatorios y prácticas contrarias a la jurisprudencia internacional, como la simulación de ahogamiento (waterboarding), la privación del sueño y otras que justamente atentan contra los derechos humanos, esos que dicen defender mientras acusan a otros de mucha mayor estatura ética, en franca prédica de moral en calzoncillos.
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