Los representantes federales republicanos David Rivera, Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lethinen, a quienes se unió el excongresista Lincoln Díaz-Balart, protestaron la decisión del gobernador estatal de no hacer efectiva la ley firmada este lunes, hasta que sea avalada por el Congreso y la Casa Blanca.
La reacción de los representantes del ala más extremista de la emigración cubana en Miami contra Scott se produjo después que la máxima autoridad del estado diera a conocer un comunicado anunciando la no aplicación de la ley recién firmada.El documento indica que "debido a que este conflicto podría existir, las restricciones no entrarán en efecto a menos y hasta que el Congreso apruebe, y el presidente (Barack) Obama firme, una ley que permita a los estados imponer independientemente ese tipo de sanciones contra Cuba y Siria".
Scott rubricó el proyecto de ley FHB 959, que limitaría los negocios y contratos con estos dos países, en una ceremonia celebrada este lunes en la Torre de la Libertad, ubicada en el downtown de Miami, en medio del aplauso de líderes anticubanos y representantes de grupos extremistas contrarrevolucionarios asentados en esa ciudad.
El representante federal republicano de origen cubano David Rivera, amenazó al gobernador Scott con demandar su decisión ante las cortes de justicia.
"Como contribuyente de la Florida que no quiere que su dinero de los impuestos vaya a las empresas que hacen negocios con regímenes terroristas, estoy más que dispuesto a demandar al gobernador y al estado de Florida para forzar la aplicación de esta ley", manifestó el legislador.
Rivera es uno de los más fervientes defensores de la aplicación de medidas más duras que recrudezcan el criminal bloqueo económico, comercial, y financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde hace más de medio siglo.
Ros-Lethinen, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, también se opuso al comunicado del gobernador de la Florida, argumentando que la FHB 959 "se convirtió en ley cuando fue firmada y no será cambiada por una declaración".
"Creo que no es contraria a la ley federal y, por eso, esta ley está vigente. No pienso que requiere más autorización congresional", dijo la legisladora, también de origen cubano.
Por su parte, Edie Ousley, vicepresidenta del departamento de prensa y relaciones públicas de la Cámara de Comercio de Florida, afirmó a medios de prensa locales que "una ley como esta puede enviar un mensaje negativo a nivel internacional".
"Este proyecto de ley es probablemente inconstitucional y puede tener consecuencias no deseadas con nuestros socios comerciales internacionales", indicó Ousley.
La polémica ley en Florida es parte del esfuerzo por mantener el bloqueo económico contra la isla, que ha costado más de 975 mil millones de dólares y constituye una violación de la Carta de Naciones Unidas y de las normas del Derecho Internacional.
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