La crisis económica ha generado el descontento social. El desempleo, que entre los jóvenes españoles afecta a más del 50 %, y la disminución de derechos son sólo la punta del iceberg del problema.
Miles de ciudadanos lejos de quedarse con los brazos cruzados se manifiestan, los más recientes han sido los mineros que han tomado las calles de Madrid para protestar por el recorte del 63 % al sector. Y para muchos, la policía ha vuelto a mostrar su peor cara.
Desde el sindicato de las fuerzas del orden público señalan a los presuntos responsables: la gente indignada, exonerando de toda culpa al sistema que ha generado el caos económico y el actual estado de cosas en esa nación.
"Nosotros actuamos por indicaciones siempre políticas. Y esas indicaciones políticas deciden si tenemos que ser permisivos o no tenemos que serlo. Y en base a eso actuamos", explicó José María Benito, portavoz del sindicato de la Policía.
Y precisamente el gobierno español ha defendido a capa y espada la actuación de los cuerpos de seguridad. La última protesta que tuvo mayor resonancia en los medios fue en Valencia. Decenas de estudiantes tomaron la calle para pedir mejoras básicas en su escuela. El Ejecutivo se hizo de 'la vista gorda' ante la excesiva respuesta policial y lo que destacó era que la manifestación era ilegal.
"La mayor parte de las concentraciones convocadas en la segunda quincena de febrero en Valencia no cumplía con el requisito legal. Se concluye que no existen elementos para aplicar (medidas) disciplinarias contra ningún funcionario policial", afirmó Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
Sin embargo, a los miembros de la oposición no les convencieron estos argumentos.
"Si no se estaban produciendo daños, si lo único que se estaba haciendo era protestar ¿para qué sacar las porras?”, pregunta Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida.
Xenofobia
Pero las acciones desproporcionadas de los policías no sólo se ven en las manifestaciones, también se han agudizado en el trato con los inmigrantes, denuncian algunos ciudadanos.
"Hay una política de persecución al trabajador inmigrante. Sólo por el color de piel o simplemente por el acento ya de forma arbitraria te detiene la policía en la calle. Cada vez son más los que están en Centros de Internamiento Extranjero, pequeños 'Guantánamo' instalados en Europa donde no hay ningún derecho", dice Tohil Delgado, secretario general del sindicato de estudiantes.
El propio Tohil vivió en carne propia los abusos de las fuerzas de seguridad. En un vídeo muestra cómo un estudiante intentó proteger a una mujer inmigrante que estaba siendo agredida por la policía y por ello acabó en la cárcel y ahora tiene pendiente un juicio por obstrucción a la autoridad.
"Saqué la cámara del móvil y comencé a grabar y eso hizo que me detuvieran a mí. Me amenazaron de muerte y me dieron una paliza dentro de los calabozos", relató Tohil.
Sin embargo, la policía afirma que intenta no causar más daños de los que quiere prevenir. Reconoce que en ocasiones aisladas se extralimitan, pero aseguran que eso ocurre de forma excepcional.
"Hay que criticar la actuación cuando es severa y excesiva, cuando vemos imágenes que ni a los policías nos gustan, pero también hay que ver esa otra imagen cuando no pasa nada, cuando hay cientos de manifestaciones en nuestro país", señaló José María Benito, portavoz del sindicato de la Policía.
Con el evidente interés de estigmatizar a los movimientos sociales nacidos al calor de los recortes y las políticas de shock, las autoridades alegan en tono acusatorio que algunas de estas protestas están alentadas por radicales y en tales casos la intervención policial se hace necesaria.
Las fuerzas de seguridad sostienen que lo que ellos llaman "organizaciones antisistema", aprovechan cualquier oportunidad para generar caos, pero quizá quienes pagan el mayor precio por ello son los manifestantes pacíficos cuyas demandas pasan a un segundo plano.
El conflicto social en España no ha dejado de crecer. Una muestra de ello es que según el Boletín Oficial del Estado, el gobierno de Mariano Rajoy ha comprado este año un millón y medio de euros en gases lacrimógenos. Una compra mil veces mayor que en el 2007 y finalmente un posible indicador de los tiempos que corren en el país.
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