En la recta final de la campaña electoral, el clima político en Venezuela comenzó a aclararse con la revelación del programa real de gobierno que aplicaría la oposición, de emerger triunfante en los comicios del 7 de octubre.
Hasta ahora, el principal contrincante del presidente Hugo Chávez en esa cita, Henrique Capriles Radonski, nunca ha precisado las medidas que pretende ejecutar de llegar al gobierno, para alcanzar el progreso que promete cada vez que habla en su recorrido "pueblo por Pueblo", como parte de su campaña.
El plan de gobierno que, cumpliendo la ley, presentó al oficializar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, solo incluye propósitos generales, pero por el origen personal y los antecedentes políticos de Capriles Radonski, y por las fuerzas que lo apoyan, se intuía que tendría que haber algo más.
Ese "algo más" fue revelado el 21 de agosto último por el dirigente opositor y exgobernador del estado Anzoátegui, David de Lima, quien dio a conocer detalles de un documento titulado "Primeras ideas de acciones económicas a tomar por el gobierno de la unidad nacional 2013".
Días después, de Lima presentó el texto original, firmado por Capriles, y durante varias entrevistas concedidas sobre el tema, explicó, con ejemplos, que ese texto contiene "propuestas alarmantes", que persiguen "desmantelar el poder económico del Estado" y adoptar un programa abiertamente neoliberal.
Se trata, ha dicho, de un plan secreto, elaborado por un pequeño grupo de dirigentes opositores, que contiene las medidas que realmente pretenden aplicar de volver a gobernar el país, y que se contradicen abiertamente con el discurso público del candidato.
Según de Lima, él no es partidario de Chávez, pero hizo público el texto y denunció los propósitos que se persiguen con su contenido, porque de aplicarse provocaría un estallido social y una guerra civil en Venezuela.
Entre otros objetivos, el documento propone dar pasos concretos para disminuir, en el mediano y largo plazo, la carga de bienes y servicios que ha asumido el actual Gobierno.
Para ello, incluye la reducción y transferencia gradual a los estados y municipios, de todos aquellos gastos que representan un peso importante dentro del gasto público total, especialmente las misiones que son percibidas por la población como competencias institucionales y no como programas sociales.
En consecuencia, plantea abrir a la inversión privada importantes programas sociales como Barrio Adentro (atención médica gratuita), Mercal (alimentación subsidiada) y Robinson, Ribas y Sucre (educación primaria, media y universitaria), que han beneficiado a millones de ciudadanos de bajos ingresos.
En el documento, sus autores consideran necesario reorganizar y reorientar los programas de construcción de viviendas enmarcadas en la Gran Misión Vivienda Venezuela, que hasta ahora ha entregado más de 240 mil casas o apartamentos a familias de bajos ingresos con subsidios que alcanzan hasta el total de su valor.
Para ello proponen realizar alianzas con el sector privado y garantizar el retorno del crédito otorgado por las instituciones financieras.
Agregan la suspensión, sin afectar a los que ya lo reciben, "el esquema de subsidio a la vivienda implementando en esta misión, ya que resulta imposible para el nuevo Gobierno seguir subsidiando gran parte de esta, tomando en cuenta la proyección del déficit habitacional hasta el año 2020".
Asimismo, plantea que la desvinculación de los entes públicos de las actividades productivas y comerciales tiene que empezar con la reducción gradual del sistema subsidiado de distribución pública masiva de los alimentos, en una alusión clara a programas gubernamentales incluidos en la misión Mercal.
En ese sentido propugnan concertar con actores privados su incorporación a un sistema de distribución que llegue a la población de menores recursos, para lo cual planean reducir por lo menos hasta el 60 por ciento las erogaciones por subsidios de alimentos.
Otra medida incluida en este plan contempla el ajuste gradual de las tarifas del transporte público con incrementos trimestrales del cinco por ciento en los precios del pasaje, hasta llegar, como mínimo, a "cubrir los costos, gastos operativos, capacitación de programas de recuperación y mantenimiento".
Igualmente considera inevitable el incremento gradual de las tarifas del sector eléctrico, pues "ya no es posible sostener el subsidio a la electricidad en los diferentes sectores de la economía", y propone un ajuste promedio semestral del 10 por ciento para el primer año.
Aborda también el sistema de seguridad social y señala que es necesario congelar el monto de las pensiones y eliminar su vinculación con el salario mínimo, que actualmente establece que cuando este aumenta también sube aquella en la misma proporción.
Al respecto agrega "no incorporar a más personas que no hayan completado la cotización necesaria para el beneficio de dicha pensión", en contraposición a lo establecido por el presidente Chávez mediante la Misión En Amor Mayor, que elimina el requisito de haber cotizado para recibir una pensión.
Y no podía faltar una propuesta relacionada con la industria petrolera, verdadero objetivo de todos los afanes de los sectores opositores y de los intereses estadounidenses que los respaldan.
En este caso, proponen aplicar "una audaz política de ingresos nacionales, a través de un nuevo esquema petrolero y minero, desprovisto del ideologizante nacionalismo que se le ha impuesto al actual modelo económico-financiero".
En otras palabras, se trata de abrir las puertas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a las inversiones privadas nacionales y extranjeras y eliminar el uso social de los ingresos por las exportaciones del crudo, con lo que, además de la perdida de soberanía sobre ese recurso natural del país, desaparecerían inevitablemente todos los programas sociales.
El 17 de abril último, en la presentación del informe de gestión de Pdvsa en 2011, el ministro de Petróleo y Minería y presidente de esa corporación, Rafael Ramírez, informó que esa empresa aportó, solo durante el pasado año, un total de 30 mil 79 millones de dólares a los programas sociales promovidos por el gobierno. (Prensa Latina)
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