Con la barba teñida con henna y el tradicional turbante en la cabeza, Jalid Sheij Mohamed, principal acusado del ataque terrorista ocurrido en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, denunció este lunes que no hay justicia en el juicio que sesiona en la ilegal Base Naval establecida por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba.
Ataviados con túnicas blancas, los principales acusados de los atentados que costaron casi tres mil víctimas en las ciudades de Nueva York y Washington y en Pennsylvania, comparecieron este lunes ante el juez James Pohl, al frente de la comisión jurídica militar que lleva el juicio en el enclave militar estadounidense arbitrariamente ocupado en territorio cubano.
Esta audiencia debe preparar un proceso que no debería comenzar antes de un año en Guantánamo, once años después de los atentados y tras el vano intento de la administración de Barack Obama para organizarla ante un tribunal de Manhattan.
Se trata de la segunda aparición de Jalid Cheij Mohamed y el resto de los acusados ante el tribunal especial de las comisiones militares, que de encontrarlos culpables dictará contra ellos la pena capital.
Mientras los fiscales se niegan a revelar información clasificada y con parte de los debates de cinco días a puerta cerrada, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU por su sigla en inglés) y catorce grupos de medios reclaman transparencia.
Sobre la mesa están las torturas y abusos que los cinco hombres alegan haber sufrido a manos de las autoridades estadounidenses, así como el estatus de "clasificado" impuesto por el gobierno sobre los detalles del tratamiento a los sospechosos en nombre de la seguridad nacional.
"Si va a haber un juicio sobre lo ocurrido el 11-S (...) sólo la verdad debe aflorar y no la interpretación de la verdad que hace el gobierno hasta la apertura del proceso; ahora mismo, es solo su interpretación", dijo Cheryl Borman, que defiende al yemení Walid ben Atash.
"El gobierno no debería poder ocultarse detrás de asuntos clasificados", agregó.
Previo a su transferencia en 2006 a Guantánamo, los cinco acusados estuvieron detenidos en prisiones secretas de la CIA, donde fueron objeto de torturas.
"El público tiene derecho a enterarse de los procedimientos", dijo James Connel, que representa a Ali Abd al-Aziz Ali -también conocido como Amar al-Baluchi-, el sobrino paquistaní de Mohamed.
"El gobierno desclasificó el hecho de que Mohamed fue sometido a técnicas de interrogatorio muscular tras su captura y a un tratamiento severo, que incluye 183 sesiones de simulación de ahogo (waterboarding), declaró Jason Wright, abogado de Jalid Cheij Mohamed.
Otro miembro del equipo de la defensa del autoproclamado cerebro de los atentados a las Tores Gemelas, el abogado Nevin, subrayó que Sheij Mohamed fue torturado con la autorización del gobierno estadounidense durante tres años y medio y luchará para que se revoque esta cláusula, porque "si no quieres que alguien hable de tu programa secreto, no lo expongas, no tortures".
Ante la avalancha de imputaciones, al fiscal general Mark Martins no le quedó otra alternativa que reconocer: "Los métodos de nuestro gobierno no son un libro abierto".
La ACLU y los medios han protestado un mecanismo de delay (retardo) que colocaron en la señal de audio disponible para los periodistas y un número selecto de miembros del público, que siguen los procedimientos detrás de un cristal a prueba de sonido.
Alegan que esa demora (de 40 segundos entre el audio real y la escucha), y permite a los censores militares eliminar declaraciones cuyo contenido consideren pueda afectar la seguridad nacional, viola la libertad de prensa y de expresión garantizadas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Los abogados de los acusados también denuncian lo que consideran la censura de todos los documentos y comunicaciones que comparten con sus clientes.
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