En una operación que se efectuó a las 2:30 de la madrugada del domingo 9 de mayo, fuerzas combinadas de la extinta Dirección de Inteligencia Policial (Disip) y de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) entraron a la Hacienda Daktari, ubicada en una zona boscosa cerca de Caracas, y detuvieron a un grupo de cerca de doscientos paramilitares colombianos que planificaban acabar con la vida del líder de la Revolución Bolivariana.
Miguel Rodríguez Torres, quien fungía como jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), explicó en ese momento que el grupo de paramilitares estaba dividido: el primer grupo, conformado por unos 80 o 90 hombres mejor entrenados y con mayor experiencia, tenía la misión de tomar el Palacio de Miraflores.
Los paramilitares habían previsto concretar el atentado el 12 de mayo: un grupo élite asesinaría a Chávez durante una cena con banqueros en La Casona (residencia presidencial), otro comando irrumpiría en los depósitos de armas ubicados en el Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional y en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, donde un oficial de la aviación secuestraría una aeronave para bombardear la sede del gobierno.
Tras su detención, los paramilitares admitieron que la derecha venezolana, con la participación del dueño de la finca Daktari, Rodolfo Alonso –hermano de la actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso, radicada en Estados Unidos–, los trajeron a Venezuela para cumplir la “misión” de asesinar al Jefe de Estado.
Sin embargo, la actuación de las autoridades venezolanas desarticuló el plan y permitió la detención de los terroristas, entre los cuales se encontraban al menos tres líderes implicados en numerosos asesinatos en zonas campesinas de Colombia, expertos en el llamado “corte de corbata”, una incisión que se hace en la garganta para desangrar a la víctima. Su prontuario de atrocidades también incluía mutilaciones y castraciones.
De acuerdo con las investigaciones que siguieron a la captura del grupo paramilitar, entre los implicados venezolanos en esta frustrada acción figura un grupo de políticos, empresarios y el actor Orlando Urdaneta.
Encabezaron el plan Pedro Carmona Estanga, alias “Pedro el Breve”, quien también participó en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002; Ovidio Poggioli, participante del Carmonazo; la entonces diputada de Primero Justicia (PJ) Liliana Hernández, el militar Jael Contreras Rangel y el empresario Gustavo Zigg Machado.
A nueve años del fracaso de aquella acción terrorista, el pueblo venezolano se mantiene alerta y vigilante ante posibles acciones de la derecha venezolana contra la democracia y la paz del país. En especial porque los mismos que ahora intentan desestabilizar al país y crear el caos, léase el asaltante de embajadas Henrique Capriles, quien era alcalde del municipio Baruta, y Leopoldo López, ex alcalde de Chacao, estaban enterados del plan de magnicidio financiado por la oligarquía venezolana con el respaldo del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
En fechas recientes el propio presidente Nicolás Maduro ha formulado denuncias de planes que fragua la derecha fascista en contubernio con agencias de los Estados Unidos para asesinarle.
A propósito, les propongo ver las tres partes del documental Magnicidio y conspiración Paramilitar producido por Venezolana de Televisión con el concurso del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información.
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