EEUU obligado a presentar evidencia clave que demuestra clima hostil en Miami contra Los Cinco

Abogada Mara Verheyden–Hilliard, Directora Ejecutiva de
la Alianza para la Justicia Civil, promotora de la
demanda al amparo de la Ley de Libertad de Información.

Al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés), la Alianza para la Justicia Civil (PCJF) presentó una demanda contra el Departamento de Estado de EEUU por su negativa a presentar los materiales de que dispone sobre los pagos secretos del gobierno a los periodistas de medios con sede en Miami que estaban informando de forma parcializada sobre el juicio seguido contra los luchadores antiterroristas cubanos Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González, conocidos internacionalmente como Los Cinco.
Como resultado de la demanda, presentada el pasado mes de junio, al Departamento de Estado se le ha ordenado liberar rápidamente documentos sensibles en su posesión. En la respuesta al pliego de los abogados de la PCJF, una corte federal ha apercibido al gobierno de realizar la primera ronda de presentación de documentos en el venidero octubre.

Con anterioridad, y también al amparo de la FOIA, en octubre de 2010 el periódico Liberación había solicitado de forma pública los documentos sobre los pagos encubiertos del gobierno a periodistas en Miami desde 1998 hasta 2002, pero el reclamo nunca fue respondido.
La abogada Mara Verheyden–Hilliard, Directora Ejecutiva de la Alianza para la Justicia Civil, declaró que “este es un gran paso adelante en el esfuerzo para exponer la verdad acerca de un terrible extravío de la justicia en este caso. Los documentos que el Departamento de Estado se negó a presentar cubren un período crítico para los Cinco cubanos. Los documentos que fueron solicitados cubrirían los pagos del gobierno de EEUU a los periodistas con sede en Miami en el momento mismo en que el gobierno de EEUU estaba procesando a los Cinco cubanos”.
Otro jurista, Carl Messineo, Director Legal de la Alianza para la Justicia Civil, explicó el propósito del reclamo en el momento de su presentación, en junio de 2013: “Parece que el gobierno manipula la opinión pública nacional para avanzar en su política y los  objetivos de la Fiscalía. Esta demanda busca registros subyacentes. No tienen derecho de ocultar su mala conducta”.
Según Messineo, esta es una lucha constante para exponer la verdad y aclaró que la PCJF seguirá exigiendo al Departamento de Estado y otras agencias del gobierno que todos los documentos que poseen relacionados con profesionales de medios impresos radiales y televisivos con sede en Miami durante el juicio de los Cinco sean presentados a la opinión pública.
Faltando a la ética profesional, varios periodistas se prestaron a los rejuegos de una campaña de claro perfil político enfilada contra los acusados antes y durante la vista oral y también mientras el jurado deliberaba, evidencia que además de desenmascarar el llamado escándalo de los reporteros de alquiler, demuestra el razonado pedido de la defensa para la anulación del caso.
A pesar de ello, Los Cinco fueron sometidos a un juicio manipulado en la propia ciudad de Miami, completamente hostil y dominada por la mafia de origen cubano, donde era imposible realizar un proceso justo e imparcial, a tenor con las propias leyes de los Estados Unidos y del Derecho internacional. Los sectores anticubanos desataron una falaz e intensa campaña propagandística para presionar a la opinión pública de Miami y al jurado, lo que fue reiteradamente denunciado por los abogados de la Defensa, quienes presentaron varias mociones de solicitud de un cambio de sede que fueron rechazadas a pesar de que con ello la justicia de la nación del Norte violó la letra de la Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos que expresan: "(...) a nadie se le privará de la libertad sin el debido proceso legal (...)" y "(...) en toda causa criminal, el acusado gozará de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial (...)".
A resultas del amañado proceso contra los luchadores antiterroristas cubanos, la jueza, que no aceptó ninguna de las atenuantes de la Defensa y aplicó todas las agravantes de la Fiscalía, dictó sentencias desmesuradas e injustas, dictando las máximas condenas en cada caso, aun cuando los cargos principales no pudieron ser probados.
Este 12 de septiembre se cumplieron 15 años del arresto de Los Cinco, quienes fueron sometidos durante un año y cinco meses a un régimen de confinamiento severo en celdas de aislamiento (conocidas como El Hueco), con el evidente propósito de impedir el acceso de la evidencia a los abogados durante el juicio.
El Héroe cubano René González Sehwerert, el único de los cinco luchadores antiterroristas liberados hasta el momento, le contó en fecha reciente al canal Russia Today: “Desde el inicio de nuestros arrestos las condiciones carcelarias fueron utilizadas para hacernos la vida más difícil, para que cediéramos a las presiones de la Fiscalía. Fueron 17 meses duros de aislamiento solitario que enfrentamos porque en lo que ellos nunca han podido alcanzarnos es en el plano moral en que se ha desarrollado esta historia".

- Fuente primaria: The Partnership for Civil Justice Fund (en inglés)

- Texto de la demanda (PDF en inglés)