Las nuevas regulaciones migratorias recién puestas en vigor por el gobierno de La Habana obligarán a Estados Unidos a modificar el tratamiento de ese tema en el caso cubano, consideró hoy un experto.
"Vamos a ver ahora qué hace Estados Unidos con el tema a partir de que Cuba regularizó mucho más el proceso migratorio", dijo a Xinhua el director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Antonio Aja, quien analizó la flexibilización migratoria que el gobierno cubano puso en vigor desde el lunes último.
El gobierno eliminó el permiso de salida y la carta de invitación que había que presentar ante sus consulados en el exterior, por lo que ahora los ciudadanos cubanos para viajar solo necesitan un pasaporte actualizado, boleto aéreo y visa.
"Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, ni de aquí huyen luchadores políticos contra el proceso cubano y sin embargo se les daba ese tratamiento a muchos emigrados", apuntó Aja en relación con las insistentes denuncias de Cuba sobre la manipulación que hace Washington de ese asunto.
El experto recordó que a La Habana se le acusaba de no permitir ejercer el derecho de todo ciudadano a viajar o emigrar, a pesar de que cuando un cubano pedía un visado a Estados Unidos muchas veces no le era otorgada.
Pero si se lanzaba al mar como balsero era considerado como un refugiado político y si llegaba a otro país, que tampoco le había dado visado, igualmente era considerado como alguien que huía del comunismo en Cuba.
Con un doctorado en Filosofía, el especialista cubano en temas migratorios explicó que la isla es considerada como un país de emigrantes desde 1930, cuando comenzó a aportar más emigrantes que los que recibía.
"Contrario a lo que muchas veces los medios de prensa e incluso la academia ha presentado, el tema migratorio es consustancial a la historia de la nación, a la identidad del cubano, pues fuimos conformados por emigrantes como muchos países", subrayó.
Rememoró que esa emigración con signo económico varió a partir del triunfo de la Revolución, en enero de 1959, cuando se potenció porque hubo sectores desplazados del poder político que respondieron a la estrategia estadounidense de sacarlos de la isla y utilizarlos contra la Revolución.
"La emigración continuó y a esos sectores se unieron otros que tienen que ver con la estructura social y clasista de un país que construye una sociedad diferente a la capitalista, pero que tiene una emigración en el exterior que se convierte en polo de atracción y que va conformando un parámetro de vida diferente que influye en Cuba para atraer emigrados".
Aja señaló que el caso cubano tiene un elemento muy particular, pues en Estados Unidos se concentra el principal país receptor de los emigrados de la isla y a la vez el principal antagonista político del proyecto social cubano.
Aseveró que eso marca la política, porque no es lo mismo pensar en una relación de compatibilización, de interrelación entre emisor y receptor, a tener que estar pensando en una relación donde el receptor está constantemente buscando políticas que, de una u otra manera, estén viabilizando del país emisor un flujo con determinada selectividad.
No obstante, para Aja las nuevas disposiciones, que calificó de un acto soberano, responden a necesidades de la nación cubana, de la población, de la familia que tiene parte en diferentes lugares del mundo, por tanto responden a necesidades objetivas en un momento en que están maduras las condicionantes.
Acerca de la importancia de esas medidas, el experto consideró tener una legislación objetiva del tema sobre la base de las necesidades de la sociedad cubana actual, sobre la base del reconocimiento de los derechos de los ciudadanos cubanos a moverse libremente, que siempre ha existido, pero con regulaciones.
"Los cubanos estamos ahora en el mismo contexto que cualquier otro ciudadano del mundo, en el que lo que decide es en primer lugar la capacidad del individuo de poder tener un pasaporte, un boleto y sobre todo el visado del país hacia donde se quiere emigrar o visitar", aseguró.
No obstante, Aja consideró que mientras exista la confrontación política entre la isla y Estados Unidos, el tema migratorio será visto por La Habana como un asunto de seguridad nacional y Cuba no tomará medidas sin un análisis previo.
Según fuentes oficiales, desde el año 2000 hasta el 31 de agosto de 2012 viajaron al exterior por asuntos particulares 941.953 cubanos, de los que no regresó al país apenas el 12,8 por ciento, lo que equivale a 120.705 personas.
De acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, unos 38.000 cubanos emigran legalmente cada año, fundamentalmente personas de entre 15 y 35 años. (Tomado de Xinhua)
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