Cuba suspende servicios consulares en EEUU por trabas financieras derivadas del bloqueo

La Sección de Intereses de Cuba en Washington (SICW) suspendió hoy los servicios consulares ante la ausencia de un banco que asuma sus cuentas, debido al bloqueo que Estados Unidos mantiene contra la isla desde hace más de medio siglo.
Una declaración de la SICW explica que se ve forzada a cesar los servicios consulares a pesar de las múltiples gestiones realizadas con el Departamento de Estado norteamericano y numerosas entidades bancarias.
La nota hace referencia al comunicado emitido el 9 de diciembre de 2013, por el cual se informó sobre un nuevo plazo otorgado por el banco M&T Bank para la conclusión de los servicios bancarios a la SICW y a la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas.

En ese entonces, se fijó el 1 de marzo de 2014 como plazo para el cierre de las cuentas, y el 14 de febrero como fecha límite para realizar depósitos.
A pesar de los ingentes esfuerzos realizados, debido a las restricciones vigentes derivadas de la política de bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno norteamericano contra Cuba, ha sido imposible para nuestra Sección de Intereses encontrar un banco con sede en Estados Unidos que asuma las cuentas bancarias de las misiones diplomáticas cubanas, argumenta el comunicado.
Por esta razón, la SICW se ve obligada a suspender los servicios consulares a partir del 14 de febrero, hasta tanto se restablezcan los servicios bancarios, y solo se atenderán aquellos casos con carácter humanitario, agrega.
La SICW lamenta los inconvenientes que esta situación causará a los ciudadanos cubanos y estadounidenses que requieren servicios de sus oficinas, con las consecuencias negativas para las visitas familiares y los intercambios académicos, culturales, educacionales, científicos, deportivos y de otra naturaleza entre Cuba y Estados Unidos.
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1962 viola flagrantemente los derechos humanos de los habitantes de la isla a partir del carácter unilateral y extraterritorial de su aplicación, y de acuerdo con la legislación internacional, califica como un acto de genocidio.
Con 187 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, la Asamblea General de Naciones Unidas ratificó en octubre último por vigesimosegunda ocasión consecutive, su denuncia a un cerco que dura más de 50 años y ha costado a la Mayor de las Antillas más de un billón de dólares.