“No tiene ningún sentido gastar tres millones de dólares por cada prisionero para conservar una cárcel que el mundo condena y que los terroristas utilizan para su reclutamiento”, dijo en su discurso (del pasaso miércoles)en el Capitolio.
Mientras Barack Obama prometió esta semana seguir esforzándose para cerrar Guantánamo, la oposición estadounidense pone el grito en el cielo ante los riesgos de que los detenidos vuelvan a la Jihad apenas sean liberados del centro de detención.
En la guerra de cifras que mantienen el gobierno y sus rivales republicanos en el Congreso, el Departamento de Estado quedó con una leve ventaja, tras haber sacado datos que muestran una reincidencia a la baja desde que llegó Barack Obama a la Casa Blanca.
“Quienes se oponen al cierre de Guantánamo citan una tasa de reincidencia de 30 por ciento entre los ex reclusos. Esta aseveración es profundamente inexacta”, declaró Cliff Sloan, ex enviado especial encargado de cerrar el centro de detención militar que funciona desde hace 13 años.
“Del total de detenidos transferidos bajo este gobierno, más de 90 por ciento no son sospechosos, y mucho menos se ha comprobado que fueran autores de algún tipo de acto hostil desde su liberación”, escribe en una columna del diario The New York Times.
Según un informe de la Oficina de Inteligencia nacional de septiembre de 2014, actualizado cada seis meses, el 19 por ciento de los ex detenidos de Guantánamo, transferidos antes de 2009, se habían “vuelto a involucrar en actividades terroristas o rebeldes”. Esta cifra bajó a 6,8 por ciento para los detenidos liberados desde enero de 2009, cuando Obama firmó el decreto 13.492 de cierre de esa cárcel, primer acto de su presidencia. “No tiene ningún sentido gastar tres millones de dólares por cada prisionero para conservar una cárcel que el mundo condena y que los terroristas utilizan para su reclutamiento”, dijo Obama en su discurso sobre el Estado de la Unión. Para mantener la prisión en funcionamiento, los republicanos recurren al fantasma del jihadismo, y se apoyan en los recientes atentados en París.
John McCain, rival derrotado por Obama en las elecciones de 2008, al igual que otros senadores, reclama en un proyecto de ley el cese de las liberaciones durante dos años. Estiman en 30 por ciento la porción de ex prisioneros que volvieron a combatir, piden mantener recluidos a quienes representaron alguna vez un riesgo medio o elevado de reincidencia y prohíben cualquier traslado a Yemen, de donde proviene la mayoría de las 122 personas que siguen detenidas.
“No deberíamos liberarlos en el contexto actual de seguridad ni tomar el riesgo de que vuelvan a atacarnos”, argumentó la senadora Kelly Ayotte.
Según McCain, en las filas jihadistas “es un honor haber sido prisionero de Guantánamo”. Pero “seguimos liberando grupos de presos (...) sin el menor programa y una fuerte probabilidad de que uno de cada tres vuelva a combatir”. La proporción de detenidos que volvieron a la Jihad era de 17 por ciento en los primeros años del gobierno de Obama, pero siguió bajando luego de una revisión caso por caso de la situación de cada uno y del país al que convenía enviarlo. Más allá de las cifras, la pregunta es “¿Qué riesgos se toman al liberar a estos presos?”, observa Juan Zárate, alto consejero del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS). “La decisión de transferir a un preso se toma sólo después de intercambios específicos y precisos con el país que lo recibe, acerca de la eventual amenaza que puede representar después de su traslado, y sobre las medidas que el país tomará para atenuar de manera suficiente esta amenaza”, explicó Myles Caggins, portavoz del Pentágono.
Casi ninguno de los detenidos de Guantánamo recibió algún tipo de inculpación, ante la falta de pruebas. Para cada uno se evalúa el riesgo de que se incorpore a una organización terrorista: de esta manera, en 2014 fueron liberados 28 y otros 54 ya tienen aprobación “para el traslado”, que debería concretarse hacia fines de 2015, de lo cuales 47 son yemeníes. Pero mientras la situación en ese país se mantenga explosiva, las autoridades rechazan trasladarlos a Yemen. Doce yemeníes fueron llevados hace poco a terceros países. “Si no obtenemos todas las garantías de seguridad y de trato humano, el traslado simplemente no se realiza”, sentencia Caggins. (Tomado de Página 12)
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