Prisión preventiva para pilotos argentinos vinculados con Vuelos de la Muerte

El juez argentino Sergio Torres ordenó prisión preventiva para cinco de los imputados en los llamados Vuelos de la Muerte. Tres de ellos son ex pilotos de Prefectura, que participaron el 14 de diciembre de 1977 de la ejecución desde un avión Skyvan del grupo de familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. El letrado valoró especialmente un estudio de la Procuración General de la Nación (PGN) sobre 2 800 planillas de vuelo, además de un testimonio obtenido por el fiscal Miguel Osorio, en el que un suboficial de Prefectura vinculó directamente con los crímenes a Enrique de Saint Georges y Mario Arru, flamantes ex comandantes de Aerolíneas Argentinas.
En el dictamen se incluyen también los nombres de otros tres magistrados que ejercieron en los años de la dictadura militar. Se trata de los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, hoy radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA y luego jefe de Prevención de Accidentes cuando la peor tragedia aérea en la nación sudamericana, la del vuelo 3142 de esa aerolínea que se estrelló en el Aeroparque Jorge Newbery, de la ciudad de Buenos Aires, el 31 de agosto de 1999.
Según el diario Página/12, el más conocido de los procesados es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, amigo del tristemente célebre Jorge Acosta, jefe del Grupo de Tareas de la Escuela Mecánica de la Armada argentina (ESMA), sitio que visitaba con asiduidad el entonces profesor de la Universidad Católica Argentina. Torres de Tolosa fue denunciado por Adolfo Scilingo como quien lo acompañó en uno de los vuelos de la muerte, aunque también ha sido señalado por por sobrevivientes como partícipe de torturas. En su declaración sugirió una confusión con su hermano Alvaro Diego, que según él era segundo comandante de Gendarmería y miembro de Consejos de Guerra del Primer Cuerpo. “Sus tareas eran secretas”, dijo. El hermano no puede defenderse porque está muerto.
Al referir el caso del abogado implicado, el juez Sergio Torres significó que el flamante procesado “alternaba su actividad legal con una actividad clandestina e ilegal (...) esencialmente voluntaria. No había deber legal ni norma que lo obligara a formar parte del macabro Grupo de Tarea 3.3. Solamente su conciencia y su convicción sociopolítica”. En el expediente contra Gonzalo Torres obran denuncias vinculantes con medio millar de secuestros y tormentos seguidos de muerte, de ahí que conjuntamente con la prisión preventiva e inmediato traslado al penal de Ezeiza se ordenara el embargo de bienes por 618 millones de pesos argentinos.
El procesamiento de De Saint Georges, Arru y Alejandro D’Agostino se fundó en el trabajo de la PGN y en la declaración de un suboficial que admitió que los vuelos eran vox populi y nombró a cinco pilotos con “la sartén por el mango”. D’Agostino pidió el cese del servicio como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura cuando se enteró de la acusación por lo que entonces calificó como “injuriosa e infundada publicación de Página/12”, denuncia que ahora validó la Justicia.