Imaginen que un conductor, al que han retirado el permiso tras 46 multas de tráfico, 6 de ellas por exceso de velocidad, cause la muerte de dos personas por circular a velocidad excesiva en una zona en obras (1). El código penal español tipifica esta actuación como “conducción temeraria con resultado de muerte” e impone una pena de varios años de cárcel (2).
Nadie entendería que defensores de este conductor temerario dispusieran de los noticieros de televisión y las páginas de los principales periódicos para reivindicar su excarcelación, sin réplica -además- de ningún tipo.
Sin embargo, si esta persona es un dirigente de las juventudes del Partido Popular español, el delito lo ha cometido en una carretera de Cuba y las víctimas accidentales son dos colaboradores políticos en la Isla del Partido Popular europeo, es decir, dos “disidentes” cubanos, la cosa cambia.
Hablamos, por supuesto, de Ángel Carromero, condenado en Cuba a cuatro años por “homicidio por conducción imprudente”, según la terminología penal cubana (3). Tras apenas cinco meses en una prisión de la Isla, y gracias a la aplicación en tiempo record del convenio bilateral de ejecución de penas entre Cuba y España, ya se encuentra en una cárcel española cumpliendo, en principio, el resto de su condena.
Los grandes medios dan por hecho –sin el menor cuestionamiento de la clarísima impunidad jurídica que implica- que Ángel Carromero accederá en breve al tercer grado (4) y que, en un plazo también corto, será indultado por el Gobierno español (5).
Dirigentes del Partido Popular han copado los medios presentando el caso como “un éxito diplomático” del Ejecutivo de Madrid (6). Como contraste, recordemos que existen 2.440 personas de nacionalidad española presas en otros países, muchas con delitos de menor gravedad que el de Ángel Carromero, que llevan años esperando alguna gestión de la diplomacia española (7).
Durante la negociación entre los gobiernos de Cuba y España, los dirigentes de la derecha española mantuvieron una obligada prudencia en sus declaraciones públicas. Sin embargo, conseguida la llegada de Carromero a España, la Presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, abría la espita de los insultos y las amenazas contra el Gobierno cubano (8).
Pero las acusaciones de Esperanza Aguirre, que llegó a denominar “tortura” a las condiciones de encarcelamiento en Cuba de su compañero de partido, contrastan con otras fuentes directas (9). José María Viñals, de Lupicinio Abogados, entidad española que coordinó la defensa de Carromero junto a letrados cubanos, afirmó que el procesado “no se quejó del trato (en prisión)”, y que “los letrados cubanos y yo (...) pudimos trabajar de forma independiente” (10). El cónsul general de España en Cuba, Tomás Rodríguez Pantoja, semanas antes, calificó el juicio celebrado en la ciudad de Bayamo como "correcto", "limpio" y "procesalmente impecable" (11).
Esperanza Aguirre, en un artículo en el diario ABC, en el que hacía demostración de su conocimiento de la historia de Cuba confundiendo el año del final de la guerra contra España (1898) con el de la independencia formal del país (1902), proyectaba todo su odio contenido en estos meses y calificaba a la Revolución cubana como “dictadura siniestra y abyecta” (12).
Aguirre exigía ante los medios, además, una “investigación internacional” para aclarar las circunstancias del accidente en Cuba (13). Esta disparatada propuesta de intervención jurídica en un país soberano –prueba de que el colonialismo no ha desaparecido de la mente de algunos políticos españoles- era apoyada por otros partidos de la derecha ultranacionalista española, como Unión Progreso y Democracia (14).
Recordemos que la idea de la “investigación internacional” es encabezada por la propia familia del fallecido Oswaldo Payá que, lejos de culpar a Carromero, sigue sosteniendo que la causa del accidente fue la embestida de un coche camuflado del Gobierno cubano (15). Un extremo negado -por cierto- por el propio Carromero (16) y el político sueco Aron Modig, que también viajaba en el vehículo (17). Esta trama de misterio, por supuesto, alimenta a su vez el negocio amarillista en algunos portales digitales, en los que se asegura que el Ejecutivo español pagó al cubano una especie de “rescate” de millones de euros a cambio de la libertad del joven político (18).
Otros dirigentes del Partido Popular se han unido a esta campaña de difusión de mentiras en los medios. Íñigo Henríquez de Luna señalaba que "el hecho de que (Ángel Carromero) estuviera trabajando en Cuba contra el régimen ha sido usado como agravante para una condena injusta" (19). Pero la realidad es justo la contraria: la fiscalía cubana solo presentó cargos contra el español por conducción imprudente (20). Si hubiese sido imputado por la entrega de dinero y las labores de apoyo organizativo a la llamada “disidencia” cubana –tal como sostienen algunas fuentes-, se le podrían haber aplicado las leyes antiinjerencia del país y la condena habría sido mucho mayor, sin posibilidad –además- de aplicar el convenio de repatriación (21).
Así es cómo el sistema mediático español sigue dando amparo y espacio propagandístico a los actores de un escandaloso caso de impunidad jurídica y privilegio diplomático, una prueba más del rumbo de decadencia política y moral del régimen español.
(*) Coordinador de Cubainformación.
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