Miguel Ángel Ferrer (*)
“No hay mal -reza la sentencia clásica- que por bien no venga”. Y el aforismo adquiere plena validez histórica y moral en el caso de la absolución, en un tribunal de El Paso, Texas, y por delitos menores, del abominable terrorista
Luis Posada Carriles.
La declaración de inocencia del afamado criminal, con todo lo aborrecible que en sí misma sea, tiene su lado positivo. Esta parte positiva es la nueva y repetida evidencia de la corrupción, el consignismo y la razón de Estado que imperan como norma en el sistema de justicia estadounidense. Y, más todavía, la manipulación, el chantaje y las amenazas de represalias que se ejercen contra los jurados que enfrentan la disyuntiva de acceder a las órdenes del poder o atenerse a las consecuencias.
Eran tan evidentes los delitos migratorios que se le imputaban a Posada Carriles, y tan sólidas las pruebas documentales, periciales, testimoniales y circunstanciales que acreditaban sus infracciones a la ley, que era materialmente imposible declararlo inocente. Pero ya se vio, una de tantas veces más, que en Estados Unidos la justicia se compra, se vende, se alquila, se tuerce, se burla o se subyuga. Lo notorio ahora, sin embargo, es que ese acto de comercio, de torcimiento y de doblegamiento ha sido evidentísimo, público y a la vista de todo el mundo.
